“Por disposición oficial tu línea ha sido suspendida. Recupera tu servicio vinculando tu línea en att.com.mx/vinculatulinearegistro. No requieres saldo.” El mensaje llega a las 7:42 de la mañana a un teléfono en cualquier comunidad de la sierra. Es un fraude, de los que juegan con el miedo, pero funciona porque se monta sobre algo cierto: desde enero de 2026, en México, la línea que no se registra se suspende de a de veras. Por eso pica el engaño. Y ahí hay algo que debería incomodarnos: si para quien recibe el mensaje el fraude y la disposición oficial se parecen tanto que no los distingue, el estafador ya dejó de ser el único problema.
El 9 de diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó el acuerdo que hizo obligatorio el registro de todas las líneas del país. Desde el 9 de enero y hasta el 29 de junio de 2026, cada persona debe vincular su número con su CURP, una identificación oficial y el IMEI de su aparato; la línea que no se registre queda suspendida, sin más llamadas que al 911. El argumento oficial es el de siempre —combatir la extorsión, el fraude, el secuestro—, y suena razonable hasta que uno mira quién carga el costo y qué se construye en el camino.
Empecemos por lo que el gobierno jura que no es. El discurso oficial insiste en que esto no es un registro biométrico: basta la CURP y una identificación, no hace falta la CURP con huellas ni rostro. Y lo repiten porque cargan un antecedente incómodo: en 2022 la Suprema Corte tumbó el PANAUT, un registro anterior, justamente por pedir huellas, iris y rostro. Así que aprendieron la lección jurídica pero no cambiaron el rumbo, nada más el método. Ahora, cuando el trámite se hace a distancia, son las propias operadoras las que piden una “prueba de vida”: encender la cámara frontal y poner la cara para que un algoritmo confirme que uno es uno, ahí mismo, en vivo. Y la pregunta cae sola: si el dato biométrico ya no lo pide el Estado sino Telcel o AT&T, ¿deja de ser vigilancia? A uno le escanean la cara igual. Lo único que cambió es de qué lado del mostrador está el escáner.
Y todo eso —CURP, identificación, IMEI, número, y en los hechos la cara— termina en una sola base que las autoridades pueden consultar con una orden judicial, sin avisarle al titular. Es decir: a uno lo pueden buscar, cruzar y rastrear sin que se entere. La Red en Defensa de los Derechos Digitales ha documentado que en más de 160 países que ya probaron registros parecidos no hay evidencia de que bajen el delito. Lo que sí se repite es el desplazamiento del crimen hacia otro lado: robo de teléfonos, clonación de líneas, mercado negro de chips. Y por si faltara algo, en enero, a los pocos días de arrancar el registro, una falla en el portal de Telcel dejaba que cualquiera con un poco de maña consultara el nombre, el RFC y la CURP de otras personas. La base que iba a cuidarnos ya estaba goteando justo lo que había juntado.
Para las comunidades de la sierra esto no es una molestia más de la lista. Es quedar más expuestos que nadie. Cuando arrancó el registro, más de ocho de cada diez líneas del país eran de prepago: el chip que se compra sin contrato, el que usa quien no tiene domicilio fiscal ni cuenta de banco ni un trabajo formal que respalde un plan mensual. Ese ocho de cada diez, en buena medida, somos nosotros: comunidades rurales, indígenas, migrantes, gente de la economía informal. Y así es como el peso de la sospecha termina cayendo sobre quien menos margen tiene para decir que no. Solo en la primera mitad de 2026, el registro sacó del mercado 6.3 millones de líneas de prepago, según The Competitive Intelligence Unit, que al fenómeno lo bautiza “depuración regulatoria”. Son 6.3 millones de números que, cuando les tocó identificarse, nomás desaparecieron. Y no lo dice una organización de activistas: la propia CIU reconoce que quienes están en riesgo de quedarse fuera son los que topan con “la falta de habilidades digitales, la lejanía de centros de atención, el desconocimiento” del trámite. Es la sierra descrita al pie de la letra, solo que en el idioma frío del análisis de mercado. Detrás de cada línea que se perdió hay alguien que decidió, o no le quedó de otra, quedarse sin teléfono antes que entregar sus datos; o alguien que simplemente no pudo con un trámite diseñado para quien tiene INE al corriente, buen internet y una cara que el algoritmo reconozca a la primera. Vale la pena quedarse con esa palabra, “depuración”, porque ahí está todo el asunto: en la lógica del mercado, seis millones de personas desconectadas son una limpieza, un lastre que se cae y deja el sistema más eficiente. Desde la sierra son seis millones de personas que se quedaron sin teléfono.
Y hay un detalle en esa “prueba de vida” que conviene no pasar por alto. Los sistemas de reconocimiento facial fallan más con caras indígenas, mestizas y afrodescendientes, porque los entrenaron con caras que no son las nuestras; ya lo tocamos antes en esta serie. Así, la misma prueba que a un usuario de ciudad lo valida en tres segundos puede rechazar tres veces seguidas a una señora mayor de la sierra, y al tercer intento fallido el trámite se cae y hay que bajar horas hasta un centro de atención. La tecnología que se anuncia como inclusión termina dejando afuera, y no a cualquiera.
Y aquí es donde el registro se enlaza con todo lo que venimos diciendo. La misma Ley Federal de Protección de Datos que comentamos en otra entrega es la que las operadoras sacan a relucir para jurar que la información está a salvo. Pero esa ley cuida el dato como si fuera propiedad de un individuo, y no tiene nada que decir sobre lo que significa levantar de un jalón un padrón nacional que amarra el cuerpo de cada quien a su aparato y a su ubicación. Eso no es un mero trámite administrativo. Es una infraestructura de vigilancia sobre los cuerpos y los territorios, armada con el vocabulario tranquilizador de la seguridad y el servicio.
Porque de eso se trata al final. Este despojo que nuestra serie viene siguiendo empezó por la tierra y el agua, después pasó por los datos y las lenguas, y ahora llegó a otra cosa: al cuerpo mismo. La cara, la huella, la prueba de que uno está vivo y es quien dice ser, entregada a un sistema que uno no maneja. Que sea la telefónica la que escanee primero, y no un policía, no cambia lo que se está armando; si acaso lo vuelve más difícil de nombrar. Por eso la pregunta que queda no es si vamos a registrar la línea antes de que venza el plazo. Es ¿qué estamos entregando?, y ¿a quién?, cada vez que una pantalla nos pide mirarla de frente para comprobar que somos nosotros. El registro que nos pide la cara, es la expresión de la biometría como frontera final del extractivismo.
Referencia para ficha editorial interna:
- Registro obligatorio de líneas: acuerdo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2025. Periodo de registro: 9 de enero a 29 de junio de 2026. Vincula CURP + identificación oficial + IMEI + número. Líneas no registradas: suspensión (solo llamadas al 911). “Prueba de vida” por reconocimiento facial en modalidad remota, exigida por operadoras. Fuentes: DOF, CRT, Etcétera, Infobae, El Universal, Justia México.
- Precedente PANAUT: registro anterior invalidado por la SCJN en 2022 por exigir datos biométricos (huellas, iris, rostro).
- R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales): registros similares en 160+ países sin evidencia de reducción del delito; desplazamiento criminal documentado. Vulnerabilidad del portal Telcel (enero 2026): exposición de nombre, RFC y CURP de terceros.
- Dato de prepago: participación de prepago bajó de 83.3% a 81.7% en un año. El mercado móvil pasó de 162 millones de líneas (dic 2025) a 157.1 millones (cierre 2T 2026): caída acumulada de 4.9 millones, de las cuales 6.3 millones corresponden a la pérdida en prepago durante el primer semestre de 2026. The CIU llama a esto “depuración regulatoria” y atribuye el riesgo de desconexión a “la falta de habilidades digitales, la lejanía de centros de atención, el desconocimiento y/o el desinterés por el registro”. Fuente: Ernesto Piedras, The Competitive Intelligence Unit, “Mercado Móvil: Depuración Regulatoria de Líneas” (5 ago 2026), https://www.theciu.com/publicaciones-2/2026/8/5/mercado-mvil-depuracin-regulatoria-de-lneas. Nota: The CIU no es fuente activista sino consultora de análisis de mercado (dirigida por Ernesto Piedras), lo que refuerza la solidez del dato. Validación cruzada: Forbes México, La Jornada (10 ago 2026), cifras CRT.
- Sesgo de reconocimiento facial con fenotipos indígenas/mestizos/afrodescendientes: ya tratado en la serie (ensayo de sesgo/vigilancia) y en la ponencia magistral “Inteligencia Artificial, protección de datos y gobernanza de datos en pueblos y comunidades indígenas de México”, dictada por Melquíades (Kiado) Cruz Miguel el 22 de mayo de 2026 en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENESO) de la UNAM, Unidad Oaxaca.