Una escena común: una persona hablante de una lengua originaria firma un acuerdo de consentimiento con un equipo de investigación de una universidad nacional para grabar su voz en un proyecto de digitalización. El acuerdo individual ampara al equipo y a su institución para usar la grabación en la construcción de su modelo lingüístico. Lo que no entra en el acuerdo es que la lengua que se graba no es una propiedad individual que se pueda transferir de una persona a una institución, ni sobre la cual una persona pueda dar permiso de uso: una lengua es una construcción colectiva de generaciones, un reflejo de cultura, condiciones de vida, intercambios, migraciones y mucho más. Es un bien común de todo un pueblo que rebasa la ficción legal de un consentimiento individual. El modelo que se construye a partir de esta y otras grabaciones individuales depende en el fondo de este bien común que se llama lengua, y el valor que genera ese modelo también debe ser un bien común.
El ejemplo de la lengua, donde la articulación es individual pero depende de una creación colectiva, es el principio que está detrás de toda la economía de plataformas que se ha ido gestando en los últimos años, algo que las empresas saben y capitalizan y que la ley se niega a ver. La economía de datos extrae su valor de lo colectivo, de la relación de los datos personales con otros datos. La jurista Salomé Viljoen lo describe así: las empresas recolectan datos para saber cómo se relaciona cada persona con las que se le parecen, y aplican ese conocimiento a poblaciones enteras. Desde nuestro lado, una grabación parece un derecho individual sobre el cual ejercemos control, pero para el modelo se vuelve parte de su capital. La contradicción es que el valor se produce en colectivo y el derecho se asigna en individual.
Ver los datos solamente como atributos individuales y enfocar la protección en el punto individual, con rituales de consentimiento (“Si estás de acuerdo con que usemos tu información, da clic en aceptar”) y funciones de cookies donde una persona puede hacer “opt out” de ciertos datos, es equivocarse sobre el funcionamiento de esta economía. La ley (derechos ARCO, protocolos de investigación) se ocupa del momento de la extracción: das clic porque estás de acuerdo o, generalmente, porque no te importa, o firmas porque tienes confianza en quien investiga. No hay una regulación de lo que pasa después, cuando estos datos (palabras, caminatas, hábitos, compras) se vuelven parte del capital de las empresas, construyen otros modelos o se venden por precios exorbitantes a otras empresas, que es cuando se manifiestan los beneficios y los daños. Por ejemplo, en 2024 Reddit firmó con Google una licencia para entrenar modelos con su contenido, reportada en unos 60 millones de dólares al año. Reddit cobró por contenido creado enteramente por sus quienes usan la plataforma. No cabe duda de que los datos individuales pueden tener valor para estafas y fraudes digitales, pero la gran ganancia está en el funcionamiento de las plataformas mismas, que depende de la digitalización de las relaciones sociales.
Podemos llegar a esta conclusión por otro lado. Podemos intentar sustraernos de esta economía, vivir sin celular, no dar consentimiento a nada. Y sin embargo vamos a ser parte de ella, porque aparecemos en los dispositivos de nuestra familia, de nuestro vecindario, de los negocios que frecuentamos. En 2018, Facebook reconoció que estaba recolectando datos de personas que no tenían cuenta en Facebook. O, más concretamente, cuando una prima instala WhatsApp y le da acceso a sus contactos, entrega a la empresa Meta nuestro número y el nombre con el que aparecemos en su agenda, aunque nunca hayamos abierto una cuenta. Aunque nunca dijimos que sí, estamos allí. Un problema social no se resuelve con acciones o protecciones individuales. Lo que falta es gobernar los datos como lo que son: un bien colectivo.
Si pensamos en los datos como un tipo de capital, podemos pensar en el consentimiento individual como en los contratos individuales de la clase obrera antes de los sindicatos: cada quien negocia por su cuenta, y eso le da la ventaja a la parte más fuerte, la empresa. La situación de la clase trabajadora mejoró cuando emergió un sujeto colectivo, los sindicatos y el movimiento obrero, con una palanca concreta: la capacidad de detener el trabajo. Y se consolidó cuando el Estado tuvo que reconocer a ese sujeto; en México, el derecho a organizarse y a la huelga entró en la Constitución de 1917. Con la economía de plataformas pasa lo mismo: no bastan los acuerdos individuales por clic, ritualizados, que nadie lee. Se necesita un sujeto colectivo con su propia palanca. Ese sujeto decide en asamblea si se entrega una lengua, un territorio mapeado o un archivo, pone condiciones a cada proyecto de investigación o digitalización, exige acceso a lo que se construye con esos datos y veta los usos que dañan. En la academia ya se habla de “huelgas de datos” para nombrar esa capacidad de retirar o condicionar los datos de forma colectiva. Por la misma razón, pagarle a cada persona por sus datos tampoco resuelve el problema. Los sindicatos negociaron salarios, pero lo hicieron colectivamente y junto con las condiciones de trabajo. El pago individual por datos pone precio a la extracción y la vuelve legítima, y quien decide sigue siendo la empresa.
El despojo en la economía de plataformas funciona diferente al extractivismo de minerales. Cuando una empresa saca el oro de un cerro, el oro ya no está. Una grabación de una lengua, en cambio, no impide que se siga hablando: el dato se copia y el original se queda. Por eso el despojo no se ve en el momento de la extracción, se ve cuando el producto regresa. En 2024 Google incorporó el zapoteco a su traductor. Una lengua que construyeron generaciones regresa como servicio de una empresa, que decide qué variante cuenta como “el zapoteco”, cómo se traduce y bajo qué condiciones se usa. Lo que se toma de un pueblo regresa transformado en algo que el pueblo ya no controla. Ahí está la disputa: en el control de los datos, de los productos y de lo que esos productos le hacen a la lengua.
Hace unas semanas planteamos en el ensayo sobre el Stack Oaxaqueño que las comunidades ya son parte de esta economía de plataformas, desde la extracción de minerales hasta la provisión de energía. En muchas capas de ese stack hay luchas, pero la menos desarrollada es la de datos, que va mucho más allá del ámbito comunal y llega directamente al corazón de esta economía. Lo que ya se digitalizó y se incorporó en modelos difícilmente se puede recuperar. Eso no cancela el reclamo sobre los productos, pero la palanca está en otro lado: en el flujo de nuevos datos. Como cualquier capital, las plataformas no pueden quedarse estáticas; dependen de flujos, principalmente de dinero y de datos. No controlamos el dinero, pero sí podemos controlar una parte del flujo de datos.
No todo flujo se puede gobernar desde una comunidad. Lo que pasa por los celulares, las compras y las redes de cada persona necesita otra escala de regulación, a la que volveremos al final. Pero hay flujos que pasan por una decisión colectiva: las grabaciones y los corpus de una lengua, los mapeos y estudios del territorio, los archivos de una radio comunitaria, los proyectos de investigación de universidades y organizaciones, incluida la nuestra, y también el trabajo voluntario que se publica con licencias abiertas en Wikipedia o en Mozilla. Y son justamente esos datos los que más valen. Como planteamos en “El fin del corpus humano”, el texto humano disponible en internet se está agotando, y en las lenguas con pocos datos lo que circula está cada vez más contaminado por la traducción automática. Los datos escasos y verificados por quienes hablan la lengua se vuelven más valiosos para los modelos, y esa escasez es nuestra palanca. En Aotearoa (Nueva Zelanda), la organización maorí Te Hiku Media construyó su propio reconocimiento de voz, se negó a entregar sus grabaciones a empresas tecnológicas y creó una licencia propia, la Kaitiakitanga, para que los datos sigan bajo control de su pueblo. Controlar ese flujo requiere crear las instituciones y los movimientos correspondientes.
Y en este sentido tenemos una ventaja: en Oaxaca ya hay una amplia experiencia de gobernanza de bienes comunes, no solamente de forma informal, sino también reconocida por el Estado: los bienes comunales y los 418 municipios que se gobiernan por sus propios sistemas normativos. Desde la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La radio es el precedente más cercano. El espectro también era un bien invisible que se repartía entre empresas, hasta que las comunidades lo ocuparon con sus propias radios, muchas veces criminalizadas, y el Estado tuvo que reconocerlo en 2014. La nueva ley de 2025 reserva el 10% de la banda FM para concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas. Con los datos falta dar el mismo paso, y ese paso ya empezó. El 13 de septiembre, en el foro de Tlalixtac, se entregó un posicionamiento elaborado por doce organizaciones, entre ellas SURCO, y firmado por 26, para la consulta de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El posicionamiento propone dos principios. El primero: que ningún dato producido por o sobre las comunidades se pueda extraer, procesar o comercializar sin un consentimiento otorgado colectivamente, conforme a los sistemas normativos de cada pueblo. El segundo: que las comunidades tengan derecho a acceder a la información que se produce sobre ellas y a intervenir en los algoritmos que operan sobre su vida colectiva. Lo resume en una frase: los datos son tierra comunal. La propuesta extiende a “los datos e información generados por o sobre la comunidad” la protección que la ley ya da al patrimonio cultural.
Esta forma de organización alrededor de los datos no es exclusiva de las comunidades, que tienen la ventaja de contar ya con una forma de gobierno propia. Fuera de lo comunitario también es necesario crear instancias para gobernar los datos, por su naturaleza inherentemente colectiva. En Sudáfrica, cooperativas de pesca artesanal gobiernan Abalobi, una plataforma propia donde registran sus capturas, deciden qué se hace con esos datos y venden directamente a restaurantes. Para los flujos que ninguna comunidad u organización puede controlar sola, los de los celulares, las compras y las redes, hace falta otra escala: el Estado u organizaciones supranacionales, que tal vez sean necesarias para enfrentar el poder inmenso de las plataformas, hoy las empresas más valiosas del mundo. Pero el Estado tampoco es neutral; como vimos con el registro de líneas, también es una vía de extracción. Lo que se le exige es reconocer a quienes gobiernan los datos. Queda además una pregunta que ni la teoría jurídica ha resuelto: quién es el sujeto colectivo cuando los datos rebasan a una comunidad. Una lengua se habla en muchos pueblos, en muchas variantes, y también en Los Ángeles. ¿Qué asamblea decide sobre ella? Las formas que tome esa organización se tendrán que construir sobre la marcha. Lo importante es emprender un movimiento para enfrentar a las plataformas, y los datos, su materia prima, son el punto de entrada para la organización.
Fuentes
- Salomé Viljoen, «A Relational Theory of Data Governance», Yale Law Journal, 2021. Enlace
- Reuters, «Reddit in AI content licensing deal with Google», febrero de 2024. Enlace
- Facebook, «What Data Does Facebook Collect When I’m Not Using Facebook, and Why?», abril de 2018. Enlace
- Inside Privacy, «Irish DPC finds against WhatsApp», septiembre de 2021. Enlace
- Nicholas Vincent et al., «Data Leverage: A Framework for Empowering the Public in its Relationship with Technology Companies», FAccT, 2021. Enlace
- Google, «What’s new in Google Translate: More than 100 new languages», 2024. Enlace
- Vanguardia, «Google Traductor ‘hablará’ maya, zapoteco, náhuatl y otras lenguas indígenas», julio de 2024. Enlace
- MIT Technology Review, «How AI and Wikipedia have sent vulnerable languages into a doom spiral», septiembre de 2025. Enlace
- IEEE Spectrum, reporte sobre Te Hiku Media y los sistemas de voz en lengua maorí. Enlace
- Panorama, «ABALOBI: ICTs for small-scale fisheries governance». Enlace
- IEEPCO, «Los sistemas normativos indígenas», 2025. Enlace
- Diario Oficial de la Federación, reforma al artículo 2o. constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, 30 de septiembre de 2024. Enlace
- Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 69, 2025. Enlace
- SURCO A.C. y organizaciones firmantes, «Posicionamiento: Datos comunales y la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos», septiembre de 2026.
Ensayos de Territorio Digital citados