Cuando una comunidad de la sierra discute si deja entrar una antena, un proyecto minero o una carretera, la asamblea sabe qué está en juego: la tierra, el agua, el monte, lo que se puede tocar. Pero si a esa misma asamblea le proponen “un proyecto de digitalización de su lengua” o “una plataforma para preservar su memoria”, la discusión se vuelve resbaladiza. Aquello suena a favor, a alguien que viene a ayudar, y cuesta imaginar qué se podría llevar. Ahí está la trampa que esta serie viene rastreando: aprendimos a defender lo que se ve, y todavía estamos aprendiendo a nombrar el despojo que llega sin ruido, con vocabulario de inclusión y cara de regalo.
En el seminario “Imperialismo, extractivismo de datos y autonomías tecnológicas” de SURCO releímos hace poco un texto de 2018 de Renata Ávila, abogada guatemalteca que representó a víctimas indígenas del genocidio antes de dedicarse a los derechos digitales. Ávila observa que las poblaciones todavía desconectadas son el territorio en disputa de los imperios tecnológicos, a donde las empresas llegan ofreciendo infraestructura a cambio de datos. Cuenta que cuando Microsoft dejó de actualizar Windows XP, el sistema de ingreso fronterizo de un país latinoamericano quedó expuesto durante meses sin que nadie se alarmara, y que una frontera física con esos agujeros habría provocado una investigación parlamentaria. Es la misma asimetría de la asamblea: lo que se toca se defiende, lo que corre por cable se deja pasar. Nos quedamos con una advertencia suya: cuando la infraestructura básica la pone otro, es muy difícil hacer cumplir cualquier protección.
Durante años el debate sobre soberanía de datos indígenas se libró en el terreno del texto: licencias, propiedad intelectual, quién puede citar qué. Los principios CARE (Beneficio colectivo, Autoridad para controlar, Responsabilidad y Ética) nacieron contra el despojo del investigador que publica sin devolver nada, y siguen haciendo falta. Pero nacieron también en plena época neoliberal, que quiere arreglarlo todo con sistemas de propiedad bien definida que luego se pueden poner en venta, y algo de esa marca cargan: la tentación de resolver el despojo decidiendo quién es dueño de qué. La llegada de la inteligencia artificial de gran escala movió la discusión de lugar porque rompió la ilusión de que el dato es solo un archivo inmaterial. Entrenar y correr estos modelos ya no es guardar información en una biblioteca digital; es poner a computar miles de procesadores en paralelo que exigen teravatios de electricidad, toneladas de cobre y millones de litros de agua. La IA desnudó la arquitectura material de lo que llamamos nube: una red de fierro, cemento, cable y minerales con una sed biológica y energética que alguien, en algún territorio, tiene que saciar.
Pero con esa sed conviene ir despacio. El agua suele ser el gancho más visible contra los centros de datos, y engaña cuando se cuenta sola. La mayor parte del agua ligada a un centro de datos se gasta lejos de él, en las plantas que generan su electricidad, y cuánta depende de si esa energía sale del gas o del viento y de si las máquinas se enfrían con agua o con aire. Un centro de IA de cien megavatios demanda tanta electricidad como cien mil hogares, según la Agencia Internacional de Energía. ¿De dónde sale esa corriente? Cuando una empresa presume que sus servidores corren con “energía limpia”, nosotros pensamos en los parques eólicos del Istmo, levantados sobre tierras zapotecas e ikoots con consultas impugnadas, al grado de que Unión Hidalgo llevó a la francesa EDF ante los tribunales de su país. Detrás de la energía están los metales: más de la mitad de los proyectos mineros de la llamada transición energética están en tierras indígenas o junto a ellas.
La soberanía de datos vuelve así a lo que siempre fue, una lucha por la tierra, el agua y la vida, y ahí los marcos que tenemos muestran su punto ciego. Regulación sobre infraestructura física sí hay: impacto ambiental, concesión de agua, uso de suelo, interconexión eléctrica. Pero cada pieza se revisa en una ventanilla distinta, y ninguna mira el circuito completo que va del yacimiento a la planta, de la planta al servidor y del servidor al modelo que se entrena con nuestra lengua. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el consentimiento libre, previo e informado, y la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA (2021) pide medir la huella de agua y energía de estos sistemas. Son palancas. Pesan porque no traen policía detrás, y por eso mismo no mueven nada sin un brazo que las empuje: organización en el territorio y leyes locales que las vuelvan exigibles. En Oaxaca la constitución del estado ya reconoce los sistemas normativos de los pueblos, y cada comunidad agraria tiene su estatuto comunal, el reglamento interno con que ordena la convivencia, delimita derechos y protege su territorio, y que a diferencia de un reglamento civil incorpora el derecho propio y el Convenio 169 de la OIT. Ese estatuto puede decir sobre los datos lo mismo que ya dice sobre el monte y el agua.
¿Qué hacemos entonces desde el territorio? Hay tres rupturas que se ensayan en la sierra y en redes de Abya Yala. La primera es entender el consentimiento como una relación viva y no como una firma que se da una vez y queda amarrada para siempre. Si los datos que una comunidad entregó para un fin van a usarse para entrenar un modelo o migrarse a un servidor ajeno, el acceso debería suspenderse de manera automática hasta que la asamblea vuelva a deliberar; así lo plantea el marco de soberanía de datos del Kinray Hub, desarrollado por WarīNkwī Flores a partir de la ley kara::kichwa. La segunda es que el dato no salga. Los servidores comunitarios que hemos ido armando pieza por pieza permiten trabajar la información dentro del pueblo, sin que el archivo crudo alimente un centro de datos lejano. Es la advertencia de Ávila a escala comunitaria: si otro pone el servidor, otro pone las reglas.
La tercera, la que más nos cuesta, es ralentizar. Ávila anota que los programas de conexión trabajan con urgencia, y que en esa prisa dejan de lado la privacidad y lo que la gente ya sabe. La urgencia forma parte del método. Contra ella la asamblea tiene un recurso que ninguna empresa puede comprar, a su propio tiempo. Se reúne cuando se reúne, discute hasta que el asunto madura, escucha a los mayores, deja pasar una cosecha si hace falta. Una moratoria mientras el pueblo entiende lo que le ofrecen es una decisión política con todas sus letras. Ashley Nicole Leitka, de Honor the Earth, lo resumió así: pregúntale a tu tía, no a la IA. La tía tarda más en contestar, y lo que sabe viene con alguien que responde por ello, que te conoce y que va a seguir ahí mañana. El modelo contesta al instante y no le debe nada a nadie.
La Dra. Stephanie Carroll insiste en los seminarios —como el que organizó GroundWork el pasado 10 de septiembre sobre IA, tecnologías emergentes y gobernanza indígena— en que no hay gobierno de la inteligencia artificial sin gobierno de los datos. Pero lo dijimos mejor en el verano de 2026, cuando Joe Bryan, Oliver y yo visitamos a las autoridades de los Comisariados de Bienes Comunales de San Juan Yagila y San Miguel Tiltepec. Les llevamos una copia del libro Weaponizing Maps, para conversar precisamente sobre cómo las herramientas de mapeo y representación se han usado históricamente para el despojo y la contrainsurgencia. Al calor de esa conversación en el territorio nos quedó claro lo que desde aquí añadimos: tampoco hay gobierno de los datos sin control directo del territorio, de la energía, del agua y de la asamblea. La pregunta que dejamos, y que a nosotros mismos nos falta responder, es hasta dónde estamos dispuestos a estirar la idea de defensa territorial. Porque si el río que enfría la máquina es el mismo que riega la milpa, entonces defender los datos y defender el agua ya no son dos luchas. Son una sola, y todavía nos estamos organizando como si fueran dos frentes, cuando la lucha debe ser, radicalmente, por el común.
Fuentes y Referencias de Respaldo
- Agencia Internacional de Energía [AIE]. (2025). Energy and AI: Energy demand projections and data center impacts. IEA Publishing.
- Ávila, R. (2018). ¿Soberanía digital o colonialismo digital? Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, 15(27), 15–28.
- Bixcul, B., & Chakma, N. (2026, agosto). Los pueblos indígenas y la huella mineral de la inteligencia artificial. Coalición SIRGE.
- Bryan, J., & Wood, D. (2015). Weaponizing Maps: Indigenous Peoples and Counterinsurgency in the Americas. The Guilford Press.
- Carroll, S. R., et al. (2020). The CARE Principles for Indigenous Data Governance. Data Science Journal, 19(1), 1–12.
- Flores, W. N. (2026). Marco de Soberanía de Datos Kara::Kichwa. Preimpresión en arXiv.
- GroundWork. (2026, 10 de septiembre). IA y soberanía de los datos: Tecnologías emergentes y gobernanza indígena [Resumen de sesión web].
- Leitka, A. N. (2026, 10 de septiembre). Intervención sobre soberanía tribal frente al expansionismo de la IA. GroundWork.
- Owen, J. R., et al. (2023). Energy transition minerals and their alignment with Indigenous lands. Nature Sustainability, 6(2), 203–210.
- UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.