El maíz no se guarda, se siembra

En 2015, las autoridades comunales de Totontepec Villa de Morelos, en la sierra mixe de Oaxaca, firmaron un acuerdo con Mars Incorporated, la trasnacional dueña de Snickers, M&M y Pedigree. El acuerdo permitió a la empresa extraer y estudiar comercialmente el maíz olotón, una variedad nativa capaz de fijar su propio nitrógeno del aire. La prensa lo bautizó “el maíz del futuro”: prometía reducir el uso de fertilizantes en un mercado que mueve cientos de miles de millones de dólares. Cuando se filtró el contenido del contrato, el reparto habló por sí solo. Mars se quedaba con el 99% de las posibles ganancias. A Totontepec le tocaba el 1%.

Pero el problema más hondo no estuvo en el reparto. Estuvo en quién tuvo la facultad de firmar. Investigadores y organizaciones campesinas de Oaxaca lo señalaron de inmediato: el olotón no lo desarrolló la gente de ese poblado. Lo desarrollaron, durante generaciones, los pueblos de toda la sierra mixe, trece municipios que siembran, seleccionan y cuidan esa semilla desde mucho antes de que existieran las patentes. Totontepec firmó por un saber que no era solo suyo. Y ahí aparece la pregunta que la ley no ha sabido responder ni con las mejores intenciones: cuando el conocimiento pertenece a un pueblo entero, o a varios pueblos a la vez, ¿quién tiene la autoridad para autorizar su uso? ¿Cómo se da, en nombre de todos, un consentimiento que ningún individuo posee por separado?

Con la llegada de la inteligencia artificial, esa pregunta dejó de ser hipotética. En entregas anteriores quedamos con el pendiente: cuando un algoritmo procesa nuestra lengua, nuestros diseños, nuestros saberes medicinales, ¿quién puede otorgar el consentimiento? El marco jurídico vigente —y aquí conviene nombrarlo: el sistema de propiedad intelectual hegemónico— responde apelando al individuo y a su clic en “acepto”. Pero un diseño textil, una fonética o el conocimiento sobre una planta no le pertenecen a la persona que los porta en un momento dado. La tejedora que borda un huipil no firma una obra propia: reinterpreta símbolos que atraviesan generaciones de manos. Cuando Carolina Herrera copió bordados de Tenango de Doria y del Istmo en 2019, o cuando Zara hizo lo mismo con diseños de la comunidad mixteca de San Juan Colorado en 2021, el agravio no recayó sobre una autora. Recayó sobre una colectividad que el derecho de autor no sabe nombrar.

Y esta lógica ya ni siquiera necesita una casa de moda con diseñadores copiando a conciencia. Un generador de imágenes de IA produce “textil oaxaqueño” o “diseño zapoteco” a partir de miles de fotografías raspadas de internet, sin que nadie copie un patrón en particular. Se ha documentado que las primeras versiones de Midjourney, al pedírsele representar “indígenas australianos”, devolvían una amalgama genérica de rasgos de tribus africanas: un “buen salvaje” fabricado por el algoritmo. El resultado no es la copia de un huipil de San Antonino o de un bordado de Tlahuitoltepec; es una versión aplanada de “lo indígena” que ninguna comunidad reconocería como suya. Para un conocimiento que solo vive cuando se reinterpreta en su propio contexto, esa generalización no es homenaje ni apropiación: es la traición más honda a su naturaleza viva.

Vale la pena entonces desmontar una idea cómoda: que proteger el conocimiento tradicional signifique guardarlo, encerrarlo, ponerlo a salvo del cambio. Ese conocimiento no vive así. Un diseño textil se renueva con cada tejedora, que suma un color nuevo, un material que antes no había, una variación que le habla a su tiempo. Una memoria comunitaria se rehace cada vez que se cuenta en asamblea y alguien la corrige o la amplía. El maíz tampoco se conserva metiéndolo en un cofre: se conserva sembrándolo, y en cada cosecha cambia, se adapta, se recompone según el temporal. Lo que se encierra bajo llave no se protege; se muere. Por eso el derecho al conocimiento tradicional no puede reducirse a conservar lo heredado. Tiene que incluir el derecho a seguir innovando, cambiando, recomponiendo, porque es ahí donde ese conocimiento ha estado vivo.

Y aquí está la trampa que Mars le tendió a Totontepec, la misma que hoy reproducen las grandes tecnológicas. El sistema de propiedad, sea individual o colectivo, reconoce derechos marginales sobre una porción pequeña y convierte todo lo demás en materia sujeta a renta. Y la renta no es menor: el mercado global de agroquímicos mueve más de 200 mil millones de dólares anuales en manos de unas cuantas empresas concentradas —Bayer, Syngenta, Corteva, BASF—, de modo que el acuerdo Mars-Totontepec no es una excepción, es el modelo estándar. Con su firma, Totontepec validó jurídicamente ese reparto para el saber de toda la sierra mixe. Las corporaciones de IA operan igual: toman lo que circula en lo común —nuestras lenguas, nuestras imágenes, nuestros textos—, lo encierran en un modelo privado y después nos cobran el acceso al resultado. No es que “copien” nuestro conocimiento; lo cercan, y luego nos rentan lo que era nuestro. El problema de fondo no es un mal reparto: es que la propiedad intelectual, aun cuando reconoce un titular colectivo, sigue siendo un cercamiento. Divide lo que era continuo, congela en una fecha lo que era proceso, vuelve mercancía una relación de cuidado entre generaciones que ningún registro logra sostener.

El Consentimiento Libre, Previo e Informado, reconocido en el derecho internacional sobre todo para el territorio físico, es necesario pero no alcanza. Obliga a consultar a una comunidad antes de que un tercero entre a extraer, con información completa y sin coerción; si eso vale para una mina, tiene que valer para los datos. Pero el olotón muestra su límite: un CLPI firmado por un solo pueblo, sobre un saber de muchos y sin capacidad real de negociar, puede terminar legalizando el despojo en vez de frenarlo. El consentimiento sirve solo si antes se resolvió quién consiente, y eso no lo decide un formulario. Lo decide la organización entre pueblos.

Hay herramientas que apuntan en una dirección más justa, aunque ninguna resuelve el problema entero. Las Etiquetas de Conocimiento Tradicional —las TK Labels de la iniciativa Local Contexts— permiten a una comunidad adjuntar a sus materiales digitales sus propios protocolos: quién puede usar qué, bajo qué condiciones, con qué atribución. No son un candado, porque una corporación puede ignorarlas; son una afirmación pública de que ese conocimiento tiene origen, dueño colectivo y reglas. Plataformas como Mukurtu, pensadas para archivos indígenas, van más lejos: dejan que la comunidad, y no un curador externo, decida qué se documenta y quién accede. El Plateau Peoples’ Web Portal, gobernado por ocho naciones del noroeste de Estados Unidos, opera así desde hace años: ningún material entra al archivo sin consulta previa, y la autoridad la tienen los pueblos, no la universidad que aloja el servidor.

En ese mismo horizonte están las licencias Creative Commons, el código abierto y la idea del maíz como “código genético de fuente abierta”. Como plantea EDUCA Oaxaca, y como señalé en mi texto “Maíz y comunalidad” (2013), el maíz no es mercancía: es guelaguetza, “carne de nuestra carne”, trabajo común y reciprocidad sin transacción. Ya entonces nombraba el “virus de la economía”, esa plaga que entró despacio en nuestras comunidades y nos enseñó a pensar en precio. Las licencias abiertas y los principios CARE para datos indígenas buscan traducir esa misma reciprocidad al terreno digital; no lo resuelven todo —una licencia no detiene por sí sola la extracción—, pero son herramientas para quien busca construcción colectiva en vez de renta privada.

Son propuestas, no garantías: sin respaldo organizativo y legal detrás, una etiqueta o una licencia se queda en declaración. Por eso volvamos al maíz. “No hay milpa sin comida, pero tampoco hay comida sin milpa”, me enseñó mi abuelo: la semilla y la comunidad se sostienen mutuamente, y separarlas —como hace la lógica de la patente— rompe el vínculo que ha mantenido viva nuestra cultura alimentaria por diez mil años. La experiencia de Totontepec enseña que la semilla sigue viva solo mientras se siembra, y que decidir cómo se siembra, quién puede llevársela y bajo qué términos es una deliberación colectiva cuando la semilla es de varios pueblos. Lo mismo aplica, sin cambiar una coma, a los datos que alimentan la inteligencia artificial. Nuestras lenguas, nuestros diseños, nuestros saberes medicinales necesitan lo que el maíz siempre ha tenido cuando se le deja ser lo que es: una comunidad con la autoridad y la organización para decidir, en asamblea, quién puede sembrar con esa memoria y bajo qué términos. El reto de esta década es organizarnos entre pueblos para gobernar en el terreno digital lo que durante generaciones gobernamos en la tierra, sin haberlo poseído nunca.

Ficha editorial:

Caso maíz olotón / Totontepec: acuerdo con Mars Inc. (2015), reparto 99%/1%. Denuncias del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca; señalamiento del Dr. Turrent (el olotón es de toda la sierra mixe, no de un solo pueblo). EDUCA Oaxaca declara el patentamiento como biopiratería y entrega semillas a Vía Campesina. Fuentes: EDUCA Oaxaca (https://www.educaoaxaca.org/communal-maize-from-oaxaca-for-the-world/), Gaceta UNAM, CECCAM, Animal Político.

Mercado global de agroquímicos: valorado en más de 220 mil millones de dólares en 2022, dominado por un oligopolio (Bayer, Syngenta, Corteva, BASF). Fuentes: Grand View Research (2023), Agrochemicals Market Size, Share & Trends Analysis Report; ETC Group (2022), Food Barons 2022: Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power — documenta la concentración corporativa del mercado de semillas y agroquímicos y su vínculo con la biopiratería.

Caso textil Carolina Herrera (junio 2019): carta de extrañamiento de la Secretaría de Cultura (Alejandra Frausto, 10 de junio de 2019) a Carolina Herrera y Wes Gordon por la colección Resort 2020, que usó bordados de Tenango de Doria (Hidalgo), del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) y el sarape de Saltillo (Coahuila). Fuente: El País, 12 de junio de 2019, “México acusa a Carolina Herrera de apropiación cultural”; comunicados de la Secretaría de Cultura.

Caso textil Zara (Inditex): señalamientos desde 2018 (bordados de Aguacatenango, Chiapas); carta de extrañamiento formal en mayo de 2021 (junto con Anthropologie y Patowl) por apropiación de diseños de la comunidad mixteca de San Juan Colorado, Oaxaca, en el vestido “Midi con escote pico”.

Yásnaya Elena Aguilar Gil: columna “Ayuujk” en El País, “El derecho a no ser diseño” y textos sobre apropiación y extractivismo (2019-2021); desarticula el argumento del “homenaje” y señala que la propiedad intelectual occidental solo protege al autor individual y deja indefenso el conocimiento colectivo.

Irma Pineda (poeta zapoteca de Juchitán): electa en 2019 representante ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (periodo 2020-2022); denunció a Carolina Herrera, Mango y Zara y exigió marcos legales vinculantes. Fuentes: La Jornada, El Universal (mayo/junio 2019).

Caso Midjourney / sesgo de representación: Carey, B. (2026, 20 de febrero), “How AI images are ‘flattening’ Indigenous cultures – creating a new form of tech colonialism”, The Conversation (https://theconversation.com/how-ai-images-are-flattening-indigenous-cultures-creating-a-new-form-of-tech-colonialism-246972) — fuente principal, reciente y directamente sobre el tema. Complementarias: Hutson, M. (2023), “AI image generators often give racist and sexist results: can they be fixed?”, Nature; documentación de Rest of World y del Distributed AI Research Institute (DAIR) sobre cómo Midjourney y Stable Diffusion colapsan la diversidad de los pueblos del Sur Global en una amalgama folclórica, derivada de los sesgos de las bases de entrenamiento (LAION-5B).

Herramientas: TK Labels (https://localcontexts.org), Mukurtu (https://mukurtu.org), Plateau Peoples’ Web Portal (https://plateauportal.libraries.wsu.edu), CARE Principles (https://www.gida-global.org/care), Creative Commons (https://creativecommons.org).

Referencias del autor: “Maíz y comunalidad: un porvenir propio”, Revista Pillku, 2013; “La defensa del territorio y de la vida: milpa, comunalidad y sistemas agroalimentarios sostenibles al sur de México”, POSSIBLES 41(2), 2017 (con Marie-Josée Massicotte).