En enero de 2009, autoridades comunales del Rincón zapoteco, acompañadas por la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), hicieron algo que los coordinadores del Proyecto México Indígena no esperaban: los denunciaron públicamente por geopiratería. Durante años, un equipo de geógrafos financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos había entrado a diversas comunidades de la sierra con GPS, metodología participativa y el discurso de la “geografía para la paz”. Lo que no dijeron es que los mapas resultantes —linderos comunales, fuentes de agua, rutas y organización territorial— irían a alimentar una base de datos del Human Terrain System, un sistema de inteligencia geográfica militar. Lo que los Comisariados de Bienes Comunales entendieron en ese momento no era abstracto: entregar información sobre el territorio es entregar el territorio mismo.
Esa comprensión sostenida por las asambleas zapotecas es la misma que hoy nos obliga a extender la defensa comunitaria hacia un nuevo frente. La lógica extractivista de México Indígena no desapareció, sino que se perfeccionó a una escala algorítmica. Ya no se necesita a universidades extranjeras mandando investigadores con cuadernos de campo; hoy, los propios aparatos de uso cotidiano extraen y transmiten esos datos en tiempo real. Antes de hablar de códigos abstractos, es vital mirar lo que ocurre en nuestras manos: la Inteligencia Artificial se expresa en la traducción automática que utilizamos para comunicarnos, en el sistema de biometría que condiciona la entrega de programas sociales, y en el algoritmo que decide qué consumimos al abrir WhatsApp cada mañana. Al interactuar con estas herramientas, nos convertimos en geografías de extracción.
Pensemos en la materialidad de esta extracción. Cuando una persona mayor registra su huella dactilar o el escaneo de su iris para acceder a un derecho social, o cuando las juventudes envían audios en zapoteco o mixe a través de aplicaciones de mensajería para sortear las barreras del teclado en español, esos fragmentos de vida no se esfuman en el aire. Son capturados, almacenados y procesados sin nuestro consentimiento libre, previo e informado para entrenar modelos de lenguaje y sistemas biométricos que luego serán patentados y mercantilizados por las mismas corporaciones que prometen conectividad gratuita. Nuestra voz, nuestra manera única de estructurar el mundo a través del idioma, y hasta nuestros rasgos físicos, se convierten en activos estratégicos.
Este fenómeno de sustracción sigue fielmente la lógica histórica del despojo territorial, operando bajo el mecanismo que David Harvey denomina “acumulación por desposesión”, mediante la cual el capital se apropia de los bienes comunes para alimentar su acumulación. En Oaxaca, este proceso guarda un paralelismo directo con programas estatales como el PROCEDE, diseñados para parcelar, individualizar y abrir al mercado la propiedad colectiva. Los modelos dominantes, forjados en las lógicas del capitalismo de vigilancia y el control estatal, tratan estas vidas y saberes como un recurso inerte a ser procesado.
Para resistir este nuevo cercamiento, es urgente diferenciar la privacidad individual de lo que nosotros defendemos como datos comunales. El Estado y las corporaciones ofrecen “avisos de privacidad” bajo una lógica capitalista, donde el dato es una propiedad privada que un individuo aísla o cede de forma solitaria. Sin embargo, nuestras fonéticas, saberes medicinales y cartografías no le pertenecen a una sola persona; son bienes comunales, y al entenderlos así, los datos se revelan como verdaderos territorios digitales. La libre determinación en este ámbito no consiste únicamente en una postura defensiva para esconder nuestra información del mercado, sino en tener la capacidad técnica y política para gobernar esos acervos, procesarlos bajo nuestros propios términos y aprovecharlos para el bien común de la asamblea.
Entendemos entonces que, en pleno 2026, la defensa integral de nuestra libre determinación exige resguardar el hardware físico que procesa la información, el software y los datos entendidos como la memoria inalienable de nuestros pueblos. Si no poseemos ni controlamos la infraestructura lógica, cualquier promesa corporativa de privacidad es dictada por las mismas entidades que lucran con nuestra marginación.
El paso fundamental para romper esta dependencia es materializar el cómo. En Oaxaca, esto significa apropiarse de los fierros y la electrónica a través de iniciativas comunitarias que levantan sus propios repositorios de conocimiento utilizando servidores headless, equipos recuperados de la chatarra que operan como nodos de almacenamiento autónomo sin necesidad de interfaces comerciales. A través de proyectos prácticos y hardware independiente, las asambleas gestionan plataformas descentralizadas, asegurando que el resguardo de su memoria no dependa de la nube corporativa.
Esta comprensión política echa raíces sobre más de una década de defensa territorial en el espectro radioeléctrico. Lo que hoy materializamos diariamente desde los espacios de SURCO A.C., que desde 2011 funciona como el espacio físico y operativo de nuestra red comunitaria, a través de proyectos como INDIGITAL es la evolución natural de la consolidación de redes comunitarias y Operadores Móviles Virtuales (OMV) de base indígena. Estas experiencias autogestivas nos demostraron que no es posible gobernar la información sin controlar primero las tuberías físicas por donde fluye. Es precisamente sobre esta base de autonomía técnica que hemos comenzado a pilotear la creación de santuarios digitales tangibles. No hablamos de promesas a futuro: iniciativas concretas como el servidor autónomo Zapotic, desarrollado a través del proyecto IndiLab, demuestran que es posible sostener nuestra propia infraestructura de procesamiento local. Al montar micrositios y herramientas informáticas dentro de estos servidores independientes, adaptándolos a los contextos de los pueblos mixe y zapoteco, los datos recuperan su carácter de bien común. De este modo, la red deja de ser un experimento técnico para convertirse en un repositorio vivo donde la asamblea decide cómo se resguarda y aprovecha su propia memoria.
Las comunidades no necesitaron una teoría académica del dato para saber que los mapas extranjeros eran una amenaza; necesitaron la claridad de quien defiende su casa. Si la memoria de nuestros pueblos es el manantial que nutre nuestro futuro, no podemos entregar el control de los acueductos a quienes solo ven rentabilidad. ¿Vamos a permitir que la inclusión forzada nos convierta en el combustible de los algoritmos capitalistas, o vamos a labrar nuestra propia milpa electrónica?. Defender el territorio en 2026 implica, de manera obligatoria, aprender a defender el hardware y el código que resguarda nuestra palabra. Solo desarmando esta maquinaria de captura podremos evitar que nuestra palabra sea devorada por el extractivismo algorítmico, tema que abordaremos en nuestra siguiente entrega.
Notas y Bibliografía
¹ Reflexión basada en la Ponencia Magistral: Inteligencia Artificial, protección de datos y gobernanza de datos en pueblos y comunidades indígenas de México, presentada el 22 de mayo de 2026 en la ENESO, UNAM Oaxaca.
Cruz Miguel, M. (2025). Gobernanza de Datos Comunitarios: Un Enfoque desde las Perspectivas Indígenas [Ponencia en PDF]. II Simpósio sobre Governança Crítica da Internet, Rio de Janeiro, Brasil.
Yaga Eche. (s.f.). De chatarra a Servidor Headless Comunitario. Medium.
También disponible en indigitaloaxaca.substack.com
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